- Los grupos del Partido Popular y Vox dan luz verde al plan parcial promovido por El Corte Inglés, marginando a los pequeños propietarios del Polígono Industrial Promisa, con más de 40 años de actividad y cientos de empleos en riesgo.
- El PSOE denuncia una aprobación exprés, opaca y contraria a la ficha urbanística, mientras sigue pendiente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la legalidad del procedimiento.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan Parcial del Sector SUNC-4, impulsado por El Corte Inglés, propietario mayoritario de los antiguos terrenos de la empresa MOINSA. La aprobación, respaldada por el Partido Popular y Vox, excluye y margina a 56 pequeñas empresas del Polígono Industrial Promisa, que llevan más de cuatro décadas generando empleo y actividad económica en el municipio.
Esta maniobra urbanística, realizada con la complicidad y cooperación del actual gobierno municipal, rompe la coordinación prevista en la ficha urbanística que obligaba a un desarrollo conjunto entre el gran propietario y los pequeños empresarios. Dicho compromiso había sido exigido por anteriores gobiernos del PSOE y Podemos, garantizando la igualdad de trato entre todos los titulares del suelo.
Desde el Grupo Socialista se denuncia la falta de transparencia y la precipitación con la que se ha tramitado el expediente, sin notificar ni escuchar a los 56 propietarios afectados, que se enteraron de la aprobación una vez consumado el acuerdo.
Resulta especialmente grave y sorprendente que el PP y Vox hayan procedido a esta aprobación sin esperar la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se solicita la anulación de la iniciativa por posible fraude de ley, una demanda a la que también se han adherido los propietarios minoritarios.
Con esta actuación, el Partido Popular y Vox se convierten en los verdaderos verdugos de los pequeños propietarios, al avalar una operación urbanística que solo beneficia a El Corte Inglés como gran propietario y perjudica al tejido industrial local, dejando además sin resolver el futuro de las industrias que deberían ser reubicadas dentro del municipio.
Esta decisión abre un futuro incierto para las empresas y los trabajadores del Polígono Promisa, que ven amenazada su continuidad tras décadas de esfuerzo y contribución al desarrollo económico local.
El PSOE exige al equipo de gobierno que explique qué intereses se esconden detrás de esta aprobación intempestiva, que no responde al objetivo recogido en la ficha urbanística y que supone una aberración urbanística y una decisión arbitraria que pone en riesgo el empleo y la seguridad jurídica de decenas de familias.