Uno de los ejes del Gobierno de Sánchez es convertir a la vivienda, y el acceso a ella, en el quinto pilar del Estado del Bienestar en nuestro país. Para cumplir este ambicioso objetivo, el Consejo de Ministros ha dado los primeros pasos. Este martes, se ha dado luz verde a dos importantes medidas, el Bono Joven para Alquiler y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Para complementar ambas iniciativas, en las próximas semanas, se prevé aprobar la primera ley de vivienda de la historia de España.
“La vivienda va a dejar de ser una asignatura pendiente en nuestra democracia”, prometió la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dentro de la materia, “la juventud es una prioridad para el Ejecutivo”. Según Sánchez, tras garantizar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna vienen detrás el resto de derechos, así como “la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio”.
El Bono Joven para el Alquiler ayudará a paliar la combinación de bajos salarios y precios altos de la vivienda que sufren miles de jóvenes en el país. Aquellas personas menores de 35 años y cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM podrán acogerse a una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años siempre que el alquiler no exceda los 600 euros. Este tope podrá ser ampliado hasta 900 euros si así lo estiman las Comunidades Autónomas.
Pero el Gobierno “es consciente de la realidad y sabe que muchos jóvenes alquilan habitaciones, no viviendas completas”. Para recibir las ayudas en estos, el tope del alquiler se establece en 300 euros por habitación, ampliable hasta 450 en algunos supuestos.
Además de la juventud, existen otros grupos poblacionales con dificultades para acceder a una vivienda digna y mantenerla después. Es el caso de las personas sin hogar o las familias desahuciadas. Para ellos, el Plan Estatal de Vivienda diseña una serie de ayudas y medidas basadas en el fomento de la vivienda social, la erradicación del chabolismo, la mejora en la accesibilidad de casas y edificios, así como la cobertura de posibles impagos.
En los próximos años, el parque público de vivienda crecerá en 100.000 unidades. De ellas, un 10% ya cuenta con algún inquilino o familia viviendo en ellas. También se destinarán ayudas para mejorar la accesibilidad de casas unifamiliares y comunidades de vecinos, así como un seguro de impago que cubre una anualidad del alquiler. De este modo, “el propietario tiene una garantía de cobro y se libera al inquilino que sufra consecuencias económicas sobrevenidas”, adelantó este martes la titular de vivienda, Raquel Sánchez.
Todas estas medidas se podrán poner en marcha gracias al impulso en la inversión del Gobierno. De los 475 millones destinados a políticas de vivienda en el último presupuesto de Rajoy, se pasa a 3.900 millones de euros con Sánchez. En los próximos años, la inversión total rondará los 10.000 millones de euros.
Por último, en las próximas semanas, se producirá un nuevo hito en la materia: la aprobación de todas estas iniciativas, se pretende “que el acceso a la vivienda no sea un lujo al alcance de unos pocos”. “La ley llegará pronto al Parlamento y contará con todas las garantías jurídicas que requiere”.