La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que “la unidad es la mejor arma frente a la guerra de Putin”, durante su intervención en la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de ministros. Rodríguez ha anunciado que hoy se ha aprobado una declaración institucional “en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania”, que demuestra “el total compromiso y la absoluta solidaridad” del Gobierno de España con el pueblo ucraniano “desde el primer momento”. “Nuestro rechazo más absoluto por la acción bélica de Rusia contra Ucrania”, ha destacado.
Rodríguez, que ha comparecido acompañada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha querido trasladar “el recuerdo, afecto, cariño y reconocimiento” del Ejecutivo a los profesionales de los medios de comunicación que están cubriendo el conflicto bélico en Ucrania porque su trabajo “nos permite conocer con veracidad qué es lo que está sucediendo”.
La declaración institucional señala que “el Gobierno español declara su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que puedan llegar al mismo en días venideros”. Asegura que el Gobierno “se compromete a alinearse con la decisión que adopte el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida”. Con respecto a los ciudadanos ucranianos que viven en España, indica que “se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que puedan permanecer y trabajar en nuestro país, acceder a la atención sanitaria y educativa, así como a las ayudas sociales que correspondan”.
Aprovechar el patrimonio del idioma español en el ámbito digital y de la inteligencia artificial
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ha presentado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en Español: Nueva economía de la lengua, cuyo propósito se centra en “aprovechar el patrimonio del idioma español, mediante la presencia y la calidad del español en el ámbito digital y de la inteligencia artificial”, destacando el posicionamiento del español como lengua efectiva de comunicación científica y reconociendo la lengua como bien económico y público.
Para la ministra, “el intenso y acelerado proceso de digitalización está llevando al desarrollo de un conjunto de tecnologías y servicios que conforman lo que se denomina la nueva economía del conocimiento”, hasta ahora la capacidad de entender textos estaba reservada al cerebro humano, pero las tecnologías de procesamiento han logrado interpretar, traducir y resumir textos y sonidos, “una revolución tecnológica que sitúa a la lengua como uno de los factores fundamentales para el desarrollo tecnológico y empresarial”.
El tratamiento de la lengua está en el centro de la digitalización y las nuevas tecnologías, especialmente en las relativas a la inteligencia artificial, en este contexto, para Calviño, el español es sin duda, “un activo fundamental para España, para Europa y para toda la comunidad hispanohablante y tenemos que aprovecharlo para conseguir una inteligencia artificial que piense en español, en definitiva, que nos entienda”.
Asimismo, la ministra ha puntualizado cómo diversos estudios estiman que hasta un 15% del PIB de un país se relaciona con la lengua, y este porcentaje puede aumentar significativamente con el proceso de digitalización.
En definitiva, para la ministra, “vivimos un momento en el que se conjugan, por una parte, el peso de la digitación y la inteligencia artificial, la importancia nacional e internacional del español y los fondos del Plan Recuperación, ante esta situación”, “tenemos que aprovechar esta gran oportunidad para maximizar el valor económico y social de la lengua”.
El español es uno de los principales activos de nuestro país, con casi 600 millones de hablantes en el mundo, y las perspectivas para la ministra son de un importante crecimiento, “tenemos iniciativas importantes en marcha como la que está impulsando la Real Academia de la Lengua o la Biblioteca Nacional para entrenar la inteligencia artificial”. Un PERTE con una inversión pública de 1.098,6 millones de euros a los que se sumarán inversiones privadas, con un impacto previsto en el PIB de 748 millones de euros.
Nadia Calviño concluía afirmando que “el surgimiento de un nuevo sector tecnológico potente y cada vez más influyente, junto con la riqueza de nuestra lengua y de las lenguas cooficiales, así como la disponibilidad histórica de los fondos de recuperación es una oportunidad extraordinaria para la modernización de nuestro país”, porque “para transformar nuestra sociedad no basta con infraestructuras físicas, es necesario también el conocimiento, el aprendizaje, la comunicación y la cultura”. Un proyecto con un gran impacto que para Calviño, sin duda, “reforzará nuestra marca país como puente entre Europa y América Latina”.
El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible supondrá 180.000 nuevos empleos
El Consejo de ministros de este martes también ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta norma pretende consagrar el acceso al transporte y a la movilidad como un derecho del conjunto de la ciudadanía independientemente de su situación económica, de cuestiones de género o de la procedencia geográfica de cualquier persona. “Se atiende a la movilidad de las ciudades y de los entornos rurales”.
En palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el objetivo de esta medida también radica en promover “la sostenibilidad, digitalización e innovación en el sector”. Se alcanzará esta premisa introduciendo criterios medioambientales nuevos así como nueva tecnología.
Raquel Sánchez ha destacado que este anteproyecto de ley “no contempla el pago por el uso” de las carreteras. Entre las medidas, ha hecho hincapié en la creación del Sistema Nacional de Movilidad. Con él se reforzará la coordinación entre las administraciones con competencias en la materia así como pondrá en común ideas y buenas prácticas. También se fomentará el uso de transporte verde, como la bicicleta. El Anteproyecto de Ley también creará el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad Urbana, gestionado por el Ministerio y de aplicación a partir de 2023. Este organismo será el receptor, como ventanilla única, de propuestas para mejorar la eficiencia y digitalización del transporte público urbano.
En total, se prevé un aumento de las inversiones económicas en España, un impacto económico de 20.000 millones de incremento en el PIB nacional y un impacto laboral de 180.000 nuevos puestos de trabajo.
Luz verde a 1.800 millones para vivienda
Otro importante acuerdo aprobado este martes por el Consejo de ministros ha sido el que autoriza la distribución territorial de las ayudas para el Bono Alquiler Joven y el Plan de Acceso a la Vivienda 2022-2025 entre las Comunidades Autónomas. La ministra Raquel Sánchez ha apuntado que la cifra total a transferir es de “1.800 millones de euros y se producirá en cuanto lo autorice la Conferencia Sectorial de Vivienda”.
También se ha aprobado este martes el Real Decreto para la mejora de la sostenibilidad del transporte en carretera. En él “se recoge el conjunto de acuerdos alcanzados” con el sector para paliar las asimetrías que en él se registran. También recoge “reivindicaciones históricas del sector”, como el fin de la participación del conductor en la carga y descarga de la mercancía, ha explicado la ministra. Por último, cabe destacar que este Real Decreto revisará los incrementos de los precios en las materias primas para el sector.
Otras medidas aprobadas este martes por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana han sido la mejora de la seguridad y de protección del medio marítimo y portuario, la creación de una autoridad independiente que investigue los accidentes de tráfico.