El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictará sentencia el próximo 23 de abril de 2026 sobre el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista de Móstoles contra la aprobación del proyecto urbanístico SUNC-3 Lledó, impulsado por el gobierno municipal de Partido Popular y Vox.
Dicho proyecto fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del 22 de febrero de 2024 y contempla la construcción de 556 viviendas, de las cuales solo 56 serían viviendas protegidas, mientras que el resto serían de precio libre.
El recurso presentado por el Grupo Socialista cuestiona la legalidad de dicha aprobación porque el PGOU de Móstoles establecía como condición previa el traslado de la actividad industrial de la empresa Lledó y el mantenimiento de los puestos de trabajo dentro del municipio.
Sin embargo, según consta en el informe de la administración concursal, la empresa Lledó llevaba sin actividad desde el año 2022. Además, la nave industrial situada en la carretera de Villaviciosa, donde supuestamente se había trasladado la actividad, ha sido posteriormente subastada, lo que pone en duda que se cumplieran las condiciones exigidas por el planeamiento urbanístico.
A pesar de estos antecedentes, el Ayuntamiento dio por acreditado el traslado de la actividad y el mantenimiento del empleo incorporando al expediente un acta policial levantada en dicha nave en el año 2024.
Desde el Grupo Socialista consideran que estos hechos evidencian que la aprobación del desarrollo urbanístico se produjo ignorando las condiciones establecidas en el PGOU, favoreciendo una operación que beneficia principalmente a intereses inmobiliarios vinculados al suelo.
Por este motivo, el Grupo Socialista solicitó al alcalde y al concejal de Urbanismo que este ámbito fuera gestionado directamente desde el Ayuntamiento y destinado íntegramente a vivienda protegida pública y a vivienda asequible, propuesta que fue rechazada por el gobierno municipal.
El Grupo Municipal Socialista de Móstoles reafirma su compromiso con una planificación urbana justa, equilibrada y orientada al interés general, y continuará trabajando para evitar operaciones urbanísticas que prioricen la especulación sobre el acceso a la vivienda y el desarrollo sostenible de la ciudad.