El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno municipal que abandone su pasividad y se persone de forma inmediata como acusación particular en las diligencias penales abiertas por la demolición ilegal de la Casa Roja, un edificio protegido cuyo derribo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción tras la denuncia presentada por la Fiscalía.
El Ayuntamiento no puede limitarse a contemplar los acontecimientos desde la barrera mientras se investiga un posible delito contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico porque la defensa del interés público, del patrimonio común y de la legalidad urbanística no es una cuestión de oportunidad política sino una obligación legal de cualquier administración responsable.
La Fiscalía cumple con su función persiguiendo posibles responsabilidades penales, pero quien tiene el deber de defender los intereses de Móstoles es su Ayuntamiento. Si el Gobierno municipal decide no actuar, estará renunciando deliberadamente a proteger el patrimonio de todos los mostoleños.
La Casa Roja era un inmueble anterior a 1950 protegido por la legislación patrimonial y su demolición se habría llevado a cabo utilizando una declaración responsable con datos presuntamente falsos para evitar el control de la Comunidad de Madrid. Unos hechos que, de confirmarse judicialmente, supondrían un ataque muy grave contra el patrimonio histórico de la ciudad.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una solicitud para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular con un objetivo claro: defender el interés general, reclamar la reparación del daño causado, exigir responsabilidades y evitar que quienes hayan podido vulnerar la ley obtengan cualquier beneficio de una actuación presuntamente ilegal.
No personarse también es una decisión política y si el Gobierno municipal decide permanecer al margen, tendrá que explicar a los vecinos por qué renuncia a defender el patrimonio histórico de Móstoles, por qué deja sola a la Fiscalía en esta causa y por qué abandona la defensa del interés público.»
Exigimos que, en caso de negarse a comparecer en el procedimiento, el Ejecutivo local motive públicamente esa decisión mediante un informe jurídico y un acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local porque la obligación de un Ayuntamiento no es proteger a quienes incumplen la ley, sino proteger el patrimonio, hacer cumplir el planeamiento urbanístico y defender el interés de toda la ciudadanía.
No basta con guardar silencio y el gobierno del Partido Popular debe decidir de qué lado está si del lado de la legalidad y del interés público o del lado de la pasividad ante uno de los mayores atentados contra el patrimonio histórico de Móstoles en los últimos años.
El PSOE ha tomado partido del lado de la defensa de la legalidad y el interés público y se ha personado en la causa como acusación popular.