- El Grupo Socialista pide explicaciones los pagos a la empresa Ortiz S.A. y exige transparencia en la gestión de una obra paralizada desde 2015.
- La construcción del pabellón, adjudicada por el PP, se ha convertido en un «pozo sin fondo» financiero, comprometiendo la solvencia del IMS S.A. y del Ayuntamiento.
El Grupo Municipal Socialista exigirá en el próximo Pleno de octubre que se aclaren las cuentas respecto a lo pagado a la empresa Ortiz S.A., adjudicataria en 2010 de las obras del inacabado pabellón Andrés Torrejón de Móstoles. La obra, paralizada en 2015, se ha convertido en un «pozo sin fondo» de gasto público, muy por encima del presupuesto inicial.
Esta construcción, encargada a la empresa pública del Ayuntamiento de Móstoles, IMS S.A., ha supuesto ya una inversión de más de 25 millones de euros. El Grupo Socialista estima que se necesitarán otros 14 millones de euros para finalizarla, sin contar con una reclamación judicial adicional de 12 millones presentada por la empresa Ortiz S.A. En caso de prosperar, el coste total del pabellón podría superar los 50 millones de euros, con un futuro aún incierto.
El PSOE señala que esta obra «faraónica», aprobada por el gobierno del Partido Popular y su entonces alcalde Esteban Parro, es la principal causa de la decadencia financiera e insolvencia inminente del IMS S.A. Además, apuntan a otros problemas financieros del IMS, como el pago de expropiaciones del Plan Parcial 10 (polígono industrial contiguo a la Fuensanta), la absorción de la empresa de aparcamiento quebrada tras la gestión del Partido Popular, y pérdidas millonarias por inversiones en preferentes y el impago de alquileres.
El Grupo Socialista insiste en la necesidad de que el gobierno municipal actúe con responsabilidad ante esta grave situación financiera. Por ello, solicita la puesta en marcha de un plan de viabilidad urgente para el IMS S.A. o, en caso contrario, que se proceda a su declaración de insolvencia y concurso de acreedores, garantizando así que los derechos y obligaciones de la empresa se transfieran al Ayuntamiento de Móstoles, como accionista único, para evitar mayores perjuicios a las arcas públicas.