- PP y VOX facilitan un cambio urbanístico en el PAU 5 para permitir coliving y alojamientos flexibles en suelos industriales, favoreciendo intereses privados.
- El Ayuntamiento de Móstoles reinterpreta la norma para permitir alojamientos residenciales en suelos tecnológicos, en una operación que la oposición tacha de pelotazo.
El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el Partido Popular y VOX, ha aprobado un cambio de uso urbanístico en varias parcelas del PAU 5, destinadas originalmente a actividades tecnológicas, para permitir la construcción de alojamientos residenciales a precio libre bajo fórmulas como coliving, flexiliving y seniorliving. Esta modificación se realiza mediante una interpretación laxa de la normativa vigente, lo que supone, en la práctica, un nuevo pelotazo urbanístico.
El plan especial, promovido por la empresa privada MÓSTOLES SOLAR S.L., será aprobado en el próximo Pleno municipal gracias a la mayoría absoluta del PP y VOX. A través de este procedimiento, se introduce el uso hotelero en estas parcelas, incluyendo bajo ese paraguas las nuevas modalidades de alojamiento residencial, pese a que la normativa urbanística en vigor no contempla su viabilidad en estos suelos.
Este cambio incrementará exponencialmente el valor de los terrenos afectados, pasando de uso industrial a residencial de precio libre, en beneficio exclusivo de propietarios y promotores privados. Una transformación que se lleva a cabo sin un debate público real y sin garantías para el interés general.
A pesar de que el plan aún no ha sido aprobado formalmente, una empresa privada, que no es el promotor del plan especial, ya ha instalado carteles anunciando la futura construcción de una residencia de estudiantes y alojamiento flexible con 600 plazas. Lo que plantea serias dudas de transparencia por la aparente certeza con la que algunos actores privados anticipan su aprobación.
Desde la oposición se denuncia la utilización de una fórmula supuestamente técnica —la aclaración e interpretación normativa— como vía para sortear las restricciones legales y facilitar un uso del suelo que no está permitido. Una práctica que, de consolidarse, abriría la puerta a un urbanismo a la carta en función de los intereses privados, más que del modelo de ciudad que necesita Móstoles.