El Partido Popular obstaculiza la instrucción de las presuntas irregularidades investigadas en el Juzgado de Instrucción 5 de Móstoles y que afectaba al Sr. Interventor municipal que estaba siendo investigado junto con el ex concejal de Mas Madrid Gabriel Ortega Sanz y el ex gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO S.A. (IMS S.A.) Javier Díaz Tomasich, este último además es actualmente Portavoz del Grupo Municipal de MÁS MADRID en el Ayuntamiento de Collado Villalba, por los presuntos delitos de Administración Desleal en concurso con delito de Falsedad Contable, Delito Fiscal y Apropiación Indebida.
El día 5 de octubre el Gerente del IMS S.A. envió un burofax al abogado que defendía los intereses municipales comunicándole que su contrato había finalizado y le reclamaba toda la documentación lo cual es un escándalo político porque la personación con abogado es preceptiva en la Querella y con el cese el Ayuntamiento renuncia a esclarecer los graves hechos objeto de la investigación.
Esto ha obligado al letrado designado para la defensa de los intereses municipales a retirarse de la acusación lo cual comunicó al Juzgado impidiéndole asistir a las pruebas testificales señaladas para el día 18 de octubre y en las cuales estaban citados los responsables jurídicos y económicos de la empresa pública.
Consideramos que esta actuación no es casual y responde a una estrategia del Gobierno del Partido Popular y Vox para tratar de tapar las presuntas irregularidades que se estaban investigando y puede incluso considerarse un pago de favores políticos a la labor tóxica realizada contra el PSOE y PODEMOS por el concejal de MÁS MADRID Gabriel Ortega en el pasado mandato.
La Querella Criminal fue presentada inicialmente por acuerdo del Consejo de administración del IMS S.A. en virtud de un informe pericial forense que ponía de manifiesto graves irregularidades contables que irían dirigidas a ocultar la imagen real de la empresa municipal mediante ingeniería contable y a ocultar que la empresa municipal estaba en un estado de insolvencia inminente.
Con motivo de estos hechos la anterior corporación municipal cesó al Interventor municipal por cuanto en virtud del artículo 28 de los Estatutos sociales era el encargado de velar por examinar la contabilidad y documentos contables, informando a la Junta General sobre la exactitud de los datos consignados en el Balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El interventor ha sido repuesto en su puesto por el Gobierno del Partido Popular y Vox, lo cual lamentamos y consideramos inapropiado y que pueden dañar la buena imagen y la credibilidad del Ayuntamiento, alegando que así lo disponía una Sentencia y sin tener en cuenta estos graves hechos que se están investigando y que le afectan directamente.