2/04/2014
[art_thumbnail] El equipo de gobierno de Daniel Ortiz ha presentado un borrador de ordenanza municipal denominada “de convivencia” pero más que de convivencia debería llamarse “ordenanza de limitación de derechos ciudadanos” ya que coarta libertades recogidas en nuestra constitución relativos a la participación ciudadana y el derecho a informar de las asociaciones y colectivo. Así ha valorado el Portavoz y Secretario General del PSOE, la nueva propuesta presentada por el Alcalde, que el PSOE considera innecesaria ya que la convivencia en Móstoles es ejemplar.
Limita el derecho a utilización de espacios públicos a quienes al corriente de pago de todos los tributos
Es una ordenanza que sigue la línea dura del gobierno nacional y su proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que tanta polémica ha levantado al suponer una barrera a derechos propios de una sociedad democrática madura como la nuestra.
Algunos de los puntos más polémicos de esta ordenanza se encuentran en el título II, disposiciones generales sobre autorizaciones para la realización de actos privados realizados por personas físicas o entidades sin ánimo de lucro en espacios públicos de la ciudad. Quienes soliciten autorización municipal para utilizar el espacio público de Móstoles deberán estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Móstoles, y deberán solicitarlo con 30 días de antelación, mientras que para una manifestación a Delegación del Gobierno basta con 10 días. Algo extremo, debido a la crisis económica y las serias dificultades que están teniendo muchísimas personas para poder hacer frente al pago de sus tributos.
Por ejemplo, si una persona afectada por las hipotecas no ha pagado el IBI porque le van a embargar la casa, no podrá ni colocar una mesa informativa en la plaza. Es decir, cercenan derechos en base al pago de tributos, en este caso solo los que estén al corriente de pago podrán colocar una mesa informativa o solicitar la utilización del espacio público. Lucas ha hecho hincapié en las personas que acuden todos los días al ayuntamiento y que tienen problemas para poder hacer frente al pago de los tributos, y ha destacado que no es comprensible que en plena crisis económica se recorten los derechos de estas personas al no poder reivindicar en la calle los serios problemas por los que están pasando.
Maraña burocrática y régimen de sanciones restrictivo
Es una ordenanza que supone una maraña burocrática e impone condiciones que coartan la libertad acompañada de un régimen sancionar restrictivo que oscila entre 600 y 3.000 euros, entre ellas, la ocupación del espacio público o la realización de actividades en el mismo, sin contar con la preceptiva autorización municipal, que será sancionado con 3.000 euros, lo que agravará más todavía la situación económica de los mostoleños.
Desde el PSOE denuncian el contenido de esta ordenanza innecesaria, limitadora de derechos y coactiva, y anuncian que no se sentarán en las reuniones a negociar nada partiendo de un borrador que recorta derechos ciudadanos de tal magnitud.
Ordenanza innecesaria
Nuestra postura es firme y nuestro compromiso con los principios democráticos de libertad de expresión, derecho a manifestación, derecho a información, derecho a reunión, y el derecho de colectivos y ciudadanos de utilización del espacio público con fines informativos, afirma Lucas, que destaca que una ciudadanía activa e informada es lo más valioso que tiene una democracia, por lo tanto “nosotros vamos a estar con la democracia y los ciudadanos de Móstoles, que a lo largo de los años han demostrado su gran capacidad y su compromiso ciudadano”.